PROPUESTAS PARA UN AYUNTAMIENTO MÁS TRANSPARENTE

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Ante la aprobación en el pleno del mes de abril de los modelos de declaración de bienes y derechos patrimoniales y de causas de posible incompatibilidad de los representantes locales y la obligación de todos los concejales de realizar una declaración de bienes e intereses al entrar y al salir del cargo público, Izquierda Unida recoge en el programa electoral municipal la propuesta –como primera medida a adoptar por la nueva Corporación que salga elegida el próximo 22 de mayo- que en el plazo de dos meses se regule el modo en el que se expondrán en la web del Ayuntamiento las declaraciones de bienes y de intereses, así como las declaraciones de la renta de los concejales del Ayuntamiento de Benavente.
Coincidiendo con el actual mandato la legislación estatal introdujo un matiz importante al respecto: dicha declaración de los concejales debería hacerse pública, una vez que se regulara mediante legislación de desarrollo el artículo 75.7 de la Ley Estatal del Suelo de 28 de mayo de 2007.
La legislación de desarrollo debería realizarse a través de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), pero ante el largo proceso de la tramitación parlamentaria, muchos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, ante la falta de desarrollo normativo se han ido adelantando y están publicando en su pagina web las declaraciones de bienes y de intereses de los concejales o de los cargos públicos. Por poner dos ejemplos, así lo hace el Ayuntamiento de Sevilla o la Diputación de Cádiz.
Izquierda Unida considera que el Ayuntamiento de Benavente también debe dar ejemplo de transparencia y proceder a publicar en su web todo aquello que la Ley del Suelo explicita en su artículo 75, a saber:
• Las declaraciones de bienes y de intereses del Ayuntamiento.
• Las declaraciones de la renta ante la Agencia tributaria.

A juicio de IU lo anterior es una exigencia ciudadana debido a los importantes casos de corrupción urbanística, y en este sentido el art. 75.7 de la Ley del Suelo de 2007, donde se establece que “los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local formularán declaraciones de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la renta, patrimonio y, en su caso, sociedades”. Es decir, que los alcaldes y concejales tienen obligación de publicar incluso cuánto dinero pagan a Hacienda. “Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de Intereses, que tendrán carácter público”, apuntala la normativa vigente.
En su punto más polémico, la ley explica que “las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, en los términos que fije el Estatuto municipal”. Estatuto municipal inexistente en el Ayuntamiento de Benavente

Para IU no pueden argumentarse referencias a la “Ley de Protección de Datos” ya que es obvio el espíritu de la Ley de Suelo en aras de prevenir corrupciones urbanísticas, y en ese sentido debemos anticiparnos desde el Ayuntamiento de Benavente.

Reproducimos a continuación el artículo 75.7. de la Ley del Suelo para que no haya lugar a dudas sobre el fondo político y jurídico expuesto por IU:
“Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.

Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.

Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.

Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal.

Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter público:

a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, se inscribirá en el Registro de Actividades constituido en cada Entidad local.

b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Registro de Bienes Patrimoniales de cada Entidad local, en los términos que establezca su respectivo estatuto.

Los representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno Local respecto a los que, en virtud de su cargo, resulte amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con quienes tuvieran relación económica o profesional podrán realizar la declaración de sus bienes y derechos patrimoniales ante el Secretario o la Secretaria de la Diputación Provincial o, en su caso, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. Tales declaraciones se inscribirán en el Registro Especial de Bienes Patrimoniales, creado a estos efectos en aquellas instituciones.

En este supuesto, aportarán al Secretario o Secretaria de su respectiva entidad mera certificación simple y sucinta, acreditativa de haber cumplimentado sus declaraciones, y que éstas están inscritas en el Registro Especial de Intereses a que se refiere el párrafo anterior, que sea expedida por el funcionario encargado del mismo”.

Con este mismo objetivo, -profundizar en la transparencia que debe presidir la institución municipal- el programa municipal de IU también recoge – entre otras- las siguientes propuestas:
– Elaboración de un Reglamento Orgánico de funcionamiento municipal, que regule el número de liberados, la justificación de las subvenciones por los grupos políticos municipales, las retribuciones de los cargos públicos, o que expresamente impida que los tránsfugas tengan beneficios económicos etc.
– Creación de un Registro donde se hagan constar todos los regalos institucionales, o por razón del cargo público en órganos colegiados, consejos de administración etc.

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