MOCIÓN EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Pleno del día 17 de mayo de 2012 se aprobó el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.”

Este Real Decreto Ley ha supuesto un cambio significativo en la concepción de la atención sanitaria y se ha llevado a cabo sin un debate previo no solo en el Parlamento sino también con entidades profesionales y sociales en este campo.

En el Capítulo I, concretamente en el artículo primero, se establecen las condiciones para acceder al “derecho a la asistencia sanitaria en España”, unas condiciones que están en vigor desde el 1 de septiembre y que restringen el derecho a múltiples colectivos como:

• Personas con nacionalidad, mayores de 26 años residentes en España que nunca han estado en situación de alta o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social.

• Personas con nacionalidad de alguno de los países miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que carezcan de certificado de residencia en España y/o no puedan acreditar su situación de paro involuntario.

• Extranjeros nacionales de países terceros que carezcan de autorización de residencia en España.

Para éste último colectivo, cifrado en unas 150.000 personas, el Real Decreto prevé únicamente la atención sanitaria de urgencias (salvo en el caso de mujeres en proceso de gestación y los menores) como único supuesto de asistencia médica, volviendo a una concepción restrictiva que no aporta valor alguno a nuestra sociedad y que se erradicó en el año 2000 con la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000.

Esta situación, supone el paso atrás mencionado y, en la práctica, además de un cambio en la concepción de Universalidad en el acceso a la salud pública, una vulneración del principio de equidad que guiaba hasta el momento las políticas de sanidad de este país. Esta situación puede provocar no sólo el colapso de las zonas de urgencia de los hospitales españoles, aumentando –paradójicamente- los costes en la atención sanitaria a la población, sino también dividir a la sociedad en ciudadanos de plenos derechos y no-ciudadanos o ciudadanos sin derechos.
Asimismo, la propuesta de la atención de estas personas a través de convenios entre las Comunidades Autónomas y ONG sigue vulnerando la vocación de universalidad de nuestro sistema sanitario y no haría sino ahondar en la brecha arriba señalada creando sistemas de atención sanitarias paralelos.

ACUERDOS:

1. Desde el Ayuntamiento de Benavente manifestamos nuestra disconformidad con el contenido de este Real Decreto Ley.

2. Exigir al Gobierno a que retire este Real Decreto Ley.

3. Instar al a la Junta de Castilla y León, para que retire de su agenda política cualquier pretensión de avanzar en la privatización de la gestión de la sanidad pública CyL.

4. Dirigirse a los Grupos Parlamentarios presentes en les Cortes de CyL con la finalidad de promover, ante el Gobierno del Estado, un PACTO POR LA SANIDAD que consolide nuestro Sistema Nacional de Salud y que asegure la cohesión social y la equidad para todos los ciudadanos. Un pacto que incluya a las fuerzas políticas, sindicales y de profesionales, a la industria y a los colectivos de pacientes que permita que nuestro SNS siga siendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo.

5. Dar traslado de los acuerdos de esta moción:

– Al Presidente del Gobierno y Junta de Castilla y León.

– A Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y de les Cortes de CyL

– A la Ministra de Sanidad.

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