MOCION DE IU POR LA GRATUIDAD CENTROS ABIERTOS


MOCIÓN

“La decisión adoptada por la Junta de Castilla y León de cobrar a los padres de alumnos un canon por los servicios que el Programa Centros Abiertos prestará en el próximo mes de Julio, hasta un total aproximado de unos 100 euros en sus dos modalidades de asistencia, no va en la línea que preconizaba este Programa de conciliar la vida familiar y laboral de padres y madres de alumnos, salvo para aquellos que menos lo necesitan porque no sufren las penurias que el paro laboral, el empleo precario y los salarios insuficientes representan para la gran mayoría de las familias de Castilla y León, quienes no podrán enviar a sus hijos a los Centros Escolares en el mes de Julio durante las cuatro horas diarias previstas por las normas de funcionamiento”.

“La derecha política sigue empeñada en su proyecto ultraconservador, fracasado, con el que se favorece a las clases pudientes y se margina a la mayoría de la población en situaciones de pobreza al desmontar todas las políticas asistenciales vigentes. El Programa, lanzado con gran despliegue propagandístico en mayo de 2006 (Resolución de 11 de mayo), para demostrar la dedicación del Partido Popular al apoyo a la familia, se ha quedado una vez más en pura y simple demagogia”.

Por todo ello y ante la gravedad situación de crisis económica que atraviesan las familias, se propone al pleno del Ayuntamiento adopte los siguientes acuerdos:

1º Dirigirse a la Junta de Castilla y León pidiendo la anulación de tan injusta medida: “La decisión adoptada por la Junta de Castilla y León de cobrar a los padres de alumnos un canon por los servicios que el Programa Centros Abiertos que aplicará en el próximo mes de Julio, hasta un total aproximado de unos 100 € al mes, con lo que la Junta recaudará de los padres de alumnos alrededor de un millón de euros”.

2º Que ante esta situación de crisis que atravesamos se mantenga el programa como años anteriores, es decir, manteniendo la gratuidad del programa.

Se dé traslado del acuerdo a la junta de Castilla y León y a la Conserjería de Educación.

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