IU:MOCION PARA ESTABLECER LOS SALARIOS DE LOS POLÍTICOS

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Las percepciones económicas que los responsables públicos reciben han sido históricamente objeto de controversia. Ésta se acrecienta particularmente en las épocas de crisis, en las ocasiones en las que alguna institución aprueba una desmesura o cuando la claridad y transparencia no rige en este ámbito cual debe.

En la actualidad la legislación vigente confiere a los Plenos Corporativos municipales y provinciales la facultad de fijar el salario de los representantes públicos, así como el número de éstos que ha de tener dedicación exclusiva, las dietas por asistencia a Comisiones y Plenos, el personal de confianza política a designar o cualquier otro gasto derivado del funcionamiento de los grupos políticos.

Por tanto, aunque pareciera razonable, no puede haber legislación de carácter nacional o autonómico que limite estas decisiones si no es en menoscabo de la propia autonomía municipal.
Sin embargo, resulta evidente para gran parte de la ciudadanía, la existencia de discordancias entre percepciones y responsabilidades, no siendo infrecuente que en uso de la autonomía antes referida, haya alcaldes de pequeños municipios que cobren más que otros de municipios de mayor tamaño o que responsables públicos autonómicos y/o nacionales.

Por todo ello, sería recomendable que existiera un gran acuerdo autonómico que, con claridad y transparencia, estableciera unos criterios objetivos a la hora de fijar las remuneraciones de los alcaldes y concejales, diputados provinciales, etc. en función de criterios como la población, el presupuesto anual, la situación financiera u otros.

Es por lo que, el Pleno del Ayuntamiento de Benavente ACUERDA:

1. Solicitar a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FREMP) que a través de los mecanismos que considere oportunos promueva un gran acuerdo autonómico entre todos los partidos con representación en esta comunidad para fijar de forma nítida y totalmente transparente las percepciones económicas que ha de recibir los cargos públicos en el uso de sus responsabilidades.

2. Que una vez conseguido este acuerdo se le de la mayor publicidad de forma que todos los ciudadanos sepan cuanto cobran sus representantes.

3. Que aunque este acuerdo no tenga ni pueda tener rango de ley se convierta en compromiso moral de todos los firmantes con la ciudadanía, de forma que se pueda demandar su cumplimento haciendo público los nombres de quienes no lo cumplan.

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