IU: RAZONES PARA RECHAZAR LA LEY MONTORO

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El Consejo de Ministros aprobó el 26 de julio el llamado eufemísticamente Proyecto de Ley para la Racionalización y la Sostenibilidad de la Administración Local, una reforma local que supondrá el desmantelamiento de la autonomía y la democracia local, la privatización sistemática y la pérdida de servicios públicos municipales y el despido de decenas de miles de trabajadores. Para IU, sin duda alguna, el origen y germen de esta futura Ley está en la famosa y trágica, por sus consecuencias, reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011, acordada por el PSOE y el PP, que recoge el principio de estabilidad presupuestaria como principio rector de todas las administraciones públicas, y a esta obsesión se somete ahora a la administración local a través de esta reforma, sin contemplar las consecuencias sociales en forma de pobreza y deterioro de servicios que esa rigidez provoca en la sociedad, principalmente en las capas populares. El proyecto de reforma local que se aprueba es aún más regresivo que las versiones anteriores del anteproyecto. El Gobierno sigue demostrando su falta de respeto institucional y democrático. El resultado final es una propuesta incoherente y esperpéntica, donde sólo se ha usado la “calculadora” para un supuesto “ahorro” (recorte) y no la construcción de una arquitectura institucional local sólida y consensuada. Para Izquierda Unida-Benavente, esta reforma pretende el desmantelamiento de la referencia más cercana a la ciudadanía, el primer nivel de acceso a la representación popular, y lo sustituye por la eliminación de competencias y servicios consolidados, así como por una ausencia de financiación que aboque a la privatización de los que queden. En resumen, provoca: • TUTELA Y CONTROL sobre la administración local. Incremento del reforzamiento de las diputaciones, que “coordinarán” (con conformidad de los municipios afectados) los servicios de recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua, acceso a núcleos de población y pavimentación de los municipios de menos de 20.000 habitantes. La fórmula de coordinación podrá ser prestación directa o gestión compartida a través de consorcios o mancomunidades, siendo el Ministerio de Hacienda y AAPP el que decida cuál será la fórmula de gestión de esos servicios. (Esto es aún más regresivo que en las versiones anteriores del anteproyecto, vulnera la el principio de autonomía local y es a todas luces inconstitucional). • Sustitución de la utilización del llamado “coste estándar” por el “coste efectivo” de los servicios: el resultado de la aplicación del concepto de “coste efectivo” será parecido al del “coste estándar”, estableciéndose éste por Orden Ministerial, forzando privatizaciones y pérdida de servicios. (La sustitución del término es para intentar sortear el cuestionamiento del dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto, un mero maquillaje). Para IU, con esta medida, se considera a la administración local un mero árbitro del tráfico jurídico, cuyos parámetros vendrán determinados por una mera Orden Ministerial. Lo que supone la subsidiariedad e imposibilidad “de facto” de la iniciativa pública empresarial. • Aparición de un nuevo mecanismo o protocolo vehiculador de la creación o supresión de municipios: el convenio de fusión (aprobado por mayoría simple de los plenos municipales, que en algunos casos supone una clara imposición, no se sabe si a decisión del Gobierno o de las Cortes.) Para ello, habrá medidas de “incentivación” de fusiones y establecimiento de ajuste o “redimensionamiento de estructuras” (como expone el texto) sobre el personal al servicio de las administraciones públicas (léase despidos). Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como único patrón de medida, del que depende la autonomía municipal. Se produce por ende reestructuración del sector público local, que potencia la iniciativa económica privada, y por añadidura, la creación de lobbies empresariales para la prestación de servicios. De forma especial, se hará un seguimiento de los planes económicos-financieros de municipios: consecuencias estructurales para municipios que no cumplan objetivos de estabilidad y sostenibilidad, traducido en supresión de competencias, gestión directa por diputaciones, fusiones con municipios colindantes, desaparición de entidades locales menores. 5.- Desapoderamiento y vaciamiento de competencias del ámbito local, dejando a los Ayuntamientos como entidades meramente formales. Y…a los alcaldes para llevar el bastón en la procesión! En definitiva, para IU, esta reforma supone el desmantelamiento de la democracia local, pues implica la recentralización y el control de lo local por parte del Gobierno central. Ataca a las competencias y a la autonomía política de los municipios volviendo a modelos preconstitucionales. Elimina el poder de lo más cercano, alejando a la ciudadanía de la gestión de lo público, fortalece la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una población que exige más participación, más democracia y más transparencia. Y hasta llega a ignorar las competencias autonómicas sobre régimen local definidos en los Estatutos de Autonomía de las CCAA despreciando a los Ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad con las demás. -Hablan de clarificación de competencias cuando lo que quieren decir es reducción a la mínima expresión de la Administración Local. -Entra en conflicto con Estatutos de Autonomía, Leyes Orgánicas que forman parte del bloque constitucional y que ya define las competencias propias de los municipios, mucho más numerosas y más sociales que las que plantea. Posible conflicto de competencias al Tribunal Constitucional. Es un ataque a la descentralización que plantean los Estatutos de Autonomía con profundo sentido municipalista. Hablan de eliminar duplicidades y competencias impropias, pero lo que hace es eliminar competencias propias de los municipios en aspectos tan relevantes como educación, salud o servicios sociales para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación. Los municipios quedan degradados a las políticas que dictan otros. Se supedita su actividad al control de los Ministerios. Llaman profesionalidad y transparencia a la eliminación de la política en el ámbito local. Pretenden recentralizar el funcionariado de la administración local. Los interventores tendrán control económico-financiero dependiente directamente del Estado central. La recentralización representa en vez de fiscalización democrática interna fiscalización burocrática externa. Afecta en mayor o menor grado a la totalidad de los 8.116 municipios españoles: • Es particularmente dura con los 6.802 municipios de menos de 5.000 habitantes que, en los primeros borradores del Anteproyecto se planteaba que podían llegar a ser disueltos e intervenidos unilateralmente; y que siguen ahora también amenazados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. • Los 7.717 municipios menores de 20.000 habitantes podrán perder gran parte de la prestación de servicios a favor de la gestión vía diputaciones. • Se estima que se verán afectados más de 400.000 puestos de trabajo, con pérdida de 200.000 empleos en el conjunto de España a consecuencia de la pérdida de competencias y las privatizaciones. Hablan de limitación de remuneraciones al 82% de cargos públicos cuando esa ausencia de remuneración ya existe en esos porcentajes; lo demuestra que ese ahorro sólo sería un 2% del total. En su defensa de la Reforma el PP se centra de discurso populista en la supuesta reducción de cargos públicos con dedicación exclusiva intentando ocultar el impulso a la privatización de los servicios públicos municipales y la desactivación de la democracia y la autonomía local. Ésta es la reforma de la privatización de los servicios públicos municipales: • Con la reforma los instrumentos financieros se convierten en el medio para recortar lo público y los derechos en vez de para potenciarlos. • El informe sobre el Anteproyecto de Ley deja clara la intención literal de favorecer “la iniciativa económica privada” y “ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera reconocidos por la Constitución en su artículo 135”. Artículo 135 que prima el pago de la deuda sobre cualquier consideración política o social y que es la base de toda la reforma normativa que está sufriendo la población. • Hablan de eliminar duplicidades cuando lo que quieren decir es desmantelamiento y privatización de servicios públicos. • Ningún dato avala el cumplimiento del supuesto ahorro neto de 7.129 millones de euros que plantea entre 2013 y 2015, a no ser con el coste de recortes en forma de competencias, recursos, eliminación de servicios, ejercicio de derechos y destrucción de empleo. Desde Izquierda Unida, planteamos: 1. La necesidad de una ley de financiación local que defina competencias y financiación incondicionada sobre la base del mantenimiento de competencias en el ámbito social (financiación que no ha variado en 34 años del actual Estado Democrático!) 2. La defensa de las competencias establecidas en los respectivos Estatutos de Autonomías. 3. Eliminar las Diputaciones Provinciales y establecer las transferencias patrimoniales y competenciales a las comarcas o municipios. 4. Toda ley que afecte a una parte del Estado debe negociarse con la otra como son los Ayuntamientos, cosa que el PP no ha hecho, y las Comunidades Autónomas, que tienen las competencias exclusivas sobre el régimen local. 5. Defendemos una respuesta de rebeldía democrática frente al desmantelamiento de la democracia local y los servicios públicos municipales. Una respuesta que provenga de todos los frentes, la construcción de la movilización ciudadana y las instituciones de gobierno. Nuestra defensa de la democracia participativa se basa en reivindicar el papel central de la democracia local para la vida pública y los derechos. Porque menos democracia local es menos democracia.

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